Las municiones en racimo generan daño tanto en el momento del ataque como mucho tiempo después de finalizado el combate. Al esparcir submuniciones en superficies muy amplias, muchas veces sin alcanzar el objetivo pretendido, ponen en peligro inmediato a personas civiles y dejan municiones sin estallar, capaces de producir muertes y heridas en décadas posteriores. Para los sobrevivientes, es posible que las consecuencias los acompañen el resto de su vida; no se reducen a la herida inicial, sino que también afectan la salud física y mental, la educación, los medios de subsistencia y la participación en la vida comunitaria. La Convención sobre Municiones en Racimo se originó en respuesta a esas consecuencias humanitarias persistentes y documentadas, y en ella se combinan la prohibición del arma con obligaciones de limpiar las zonas contaminadas y asistir a las víctimas.
En esta publicación, Fahar Ahmed, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y Maarten Abeel, coordinador del Programa de Rehabilitación Física del CICR, analizan las razones humanitarias para lograr una implementación más efectiva y la universalización de la Convención de cara a su Tercera Conferencia de Examen, que tendrá lugar en Laos, en septiembre de 2026. A partir de las vivencias de los sobrevivientes y la función de la rehabilitación física en evitar que las lesiones deriven en la exclusión de por vida, sostienen que la Convención puso de manifiesto el valor del desarme humanitario tanto en la prevención de más daño como en la respuesta a los efectos ya producidos. Solicitan a los Estados que rechacen toda naturalización del empleo de municiones en racimo, fortalezcan la asistencia a las víctimas y su rehabilitación, y agilicen la universalización de la Convención.
La rutina diaria de Omar, de siete años, solía implicar ir con su hermano y algunos amigos a los campos cercanos a su casa, en el distrito de Khake Jabar (Kabul), a recolectar alimento para su ganado. Dominaba la tarea y podía orientarse con facilidad en esos campos que conocía tan bien. Sin embargo, un día de mayo de 2023 su vida cambió.
Omar no recuerda con claridad lo que pasó. En el campo, un objeto desconocido despertó la curiosidad de los niños. Antes de que pudieran darse cuenta de qué era, el objeto explotó. El saldo fue que el hermano de Omar, de nueve años, murió y los demás quedaron gravemente heridos. Omar perdió la pierna derecha y sufrió heridas muy profundas en el abdomen.
“En general, los niños de los alrededores se encargan de juntar forraje para el ganado en los campos cercanos. El 4 de mayo, mientras se ocupaban de esa tarea, descubrieron un objeto metálico extraño. Deben haberlo tocado o lanzado, y explotó”, cuenta Wakeel, el padre de Omar. Las autoridades locales le comunicaron lo sucedido. “Primero tuve que enterrar a uno de mis hijos y después salir corriendo al hospital de Kabul a ver a mi otro hijo, que tenía heridas en todo el cuerpo”, agrega.
Sentado junto a la cama de Omar, que permanece muy silencioso desde el traumático incidente, Wakeel recuerda que a su hijo le encantaba jugar al criquet y que hacía poco había ingresado a la escuela primaria. “Quería ser médico o ingeniero en el futuro. Aunque debido al incidente la vida le resultará más difícil, estoy seguro de que podrá lograr sus metas cuando le coloquen una prótesis. Necesita ayuda para afrontar las dificultades que lo esperan”. El trauma y la consecuente disfunción ya le han dejado una discapacidad de largo plazo, la que, sin el apoyo adecuado, podría aislarlo más social y económicamente.
Omar es uno de los miles y miles de sobrevivientes heridos fuera del ámbito de combate activo, por restos explosivos abandonados después del cese de las hostilidades. Las municiones en racimo no solo afectan a personas como Omar, también repercuten en comunidades enteras, porque contaminan superficies muy amplias, impiden que las personas desplazadas tengan un regreso seguro a su hogar y obstruyen el acceso a los campos durante décadas. En el caso de Omar, un resto de munición en racimo había quedado en el suelo, por lo que un campo conocido se transformó en un peligro mortal.
Más que supervivencia: la rehabilitación como protección para preservar la dignidad
La historia de Omar es un claro ejemplo del impacto devastador que producen los restos explosivos de guerra, que tienen el potencial de causar discapacidades con efectos en cascada durante un conflicto y una vez finalizadas las hostilidades. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas:
“Las personas con discapacidad suelen ser uno de los grupos más afectados en situaciones de riesgo y de emergencias humanitarias. Tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia, abusos, explotación, desastres naturales y causados por el ser humano, emergencias humanitarias y conflictos, y suelen estar sobrerrepresentadas entre las personas desplazadas por la fuerza. Tienen también más probabilidades de vivir en la pobreza, lo cual acentúa su vulnerabilidad y exposición a peligros. Por ello, durante los desastres naturales y después de estos, sufren más pérdidas humanas y materiales y pueden llegar a tener una tasa de mortalidad dos veces superior a la de las personas sin discapacidad”.
Para los sobrevivientes como Omar, las vulnerabilidades de largo plazo producto de lesiones suelen intensificarse con el paso del tiempo: los gastos que deben afrontar sus familiares, los sistemas de salud y las sociedades van escalando y se extienden por muchos años. El impacto físico y psicológico inmediato incluye obstáculos para el acceso a la salud, la educación y los medios de subsistencia, en particular en zonas afectadas por conflictos armados en las que la infraestructura quedó destrozada y los recursos son escasos. La rehabilitación no es solo un servicio: se trata de atención vital que evita que los sobrevivientes queden relegados y ayuda a romper el ciclo de incremento de la vulnerabilidad.
En ese proceso, el Programa de Rehabilitación Física del CICR cumple una función esencial que brinda servicios integrales centrados en la persona para atender las complejas necesidades de los sobrevivientes. En el caso de Omar, eso implica más que darle una prótesis que reemplace la pierna que perdió. La fisioterapia temprana y sostenida le permite a recuperar la fuerza y la movilidad, mientras que los servicios de prótesis y ortesis le brindan soluciones adaptadas a sus condiciones específicas a medida que crezca.
El mismo nivel de importancia presenta la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS), que ayuda a sobrevivientes como Omar a procesar el trauma, la pérdida de seres queridos y los problemas que surgen para adaptarse a una nueva realidad. La rehabilitación no se limita a la recuperación física; se trata de recobrar la dignidad, el control de su vida y la capacidad de participar plenamente en la sociedad. Dado que el programa atiende tanto las necesidades inmediatas como las de largo plazo de los sobrevivientes, ayuda a reducir el riesgo de marginalización, por lo que las personas con discapacidad pueden reconstruir su vida y reintegrarse a sus comunidades.
La compasión no alcanza para romper ese ciclo. Se precisa un compromiso intencional basado en derechos para garantizar una asistencia a las víctimas y rehabilitación que tenga en cuenta los obstáculos sistémicos que los sobrevivientes enfrentan a lo largo de su recuperación. En ese sentido, cuatro elementos adquieren especial importancia:
- Acceso oportuno a la rehabilitación: la rehabilitación desde la etapa inicial no constituye solo una necesidad médica; es esencial para proteger la salud y la dignidad de la persona. Si se producen demoras importantes entre la herida y la rehabilitación, es posible que la recuperación se vea limitada y se perpetúen los ciclos de inequidad y exclusión. Una intervención a tiempo permite que los sobrevivientes tengan la mejor oportunidad para recobrar su dignidad y autonomía;
- Servicios intensivos y completos: para que sea eficaz, la rehabilitación debe ser integral y tener la intensidad suficiente. Por ejemplo, dar una prótesis sin fisioterapia o apoyo en salud mental no logra cubrir la amplia variedad de necesidades que presenta el sobreviviente y restringe su capacidad de participar plenamente en la sociedad;
- Prácticas basadas en evidencia: en ámbitos en los que los recursos son escasos, la adopción de prácticas basadas en evidencia y eficaces en cuanto a costos es una necesidad pragmática y, al mismo tiempo, una obligación ética. Las prácticas ineficientes y anticuadas implican un desperdicio de recursos escasos y limitan el acceso de los sobrevivientes a los más altos estándares de atención posibles;
- Recuperación funcional: por sí mismas, la mortalidad y la morbilidad no bastan para medir los resultados de la asistencia a la víctima. También debe contemplarse si la persona puede regresar a la escuela, volver a tener empleo, participar en la vida comunitaria, vivir independientemente y gozar de bienestar emocional. Esos resultados describen mejor si la rehabilitación permite que los sobrevivientes reconstruyan su vida.
Ocupándonos de esos vacíos estructurales, podemos respetar la dignidad y los derechos de los sobrevivientes, a fin de que no queden relegados, sino empoderados frente a la reconstrucción de su vida y la contribución a su comunidad.
El Programa de Rehabilitación Física del CICR ha tenido una importante repercusión en todo el mundo, gracias al apoyo que ofrece a sobrevivientes de diversos conflictos para restablecer su autonomía y dignidad. En 2025, el programa estuvo presente en 28 países afectados por conflictos y brindó sus servicios de rehabilitación física a 254.506 pacientes, 25.343 de los cuales resultaron heridos por minas terrestres o restos explosivos de guerra.
Aun así, la rehabilitación por sí sola no puede evitar que en el futuro otro niño sufra las mismas heridas.
El problema humanitario que exigió una respuesta jurídica
Los problemas humanitarios que se asocian a las municiones en racimo tienen dos aspectos. Uno de ellos es que este tipo de municiones esparce grandes cantidades de submuniciones en superficies muy extensas. Por eso, es muy probable que las personas civiles se conviertan en víctimas del ataque, en particular cuando las municiones en racimo se emplean en zonas pobladas. El otro aspecto, y quizás el que más se admite, es la gran cantidad de submuniciones que, contrario a lo esperado, no detonan después del lanzamiento. Por consiguiente, vastos territorios quedan contaminados con explosivos mortales.
La Convención sobre Municiones en Racimo no solo tiene la finalidad de que se prohíba este tipo de arma; es una respuesta al sufrimiento que causa esta clase de municiones, que ya han ocasionado la muerte y heridas a muchos miles de personas civiles en los países donde fueron empleadas. En su preámbulo, se hace referencia explícita a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la igualdad de derechos de esas personas.
En mayo de 2008, 107 Estados elaboraron un tratado internacional que prohíbe esas armas. Las negociaciones que dieron lugar a ese instrumento jurídico formaron parte del “Proceso de Oslo”, iniciativa noruega cuyo objetivo era la elaboración del tratado. La Convención se puso a la firma el 3 de diciembre de 2008 y entró en vigencia el 1 de agosto de 2010.
El problema humanitario era evidente mucho antes de que se formalizara la Convención. La primera vez que se emplearon municiones en racimo, en el ataque al puerto británico de Grimsby durante la Segunda Guerra Mundial, un 75% de las submuniciones que lanzaron las aeronaves no explotaron como se pretendía y se tuvieron que eliminar. Se encontraron municiones en caminos, techos y árboles. El 75% de las 61 víctimas se produjeron después, no durante el ataque. Hubo niños que llevaron esas “bombitas” a su casa, algunos apenas se libraron de la muerte. La remoción demandó enormes recursos.
Los fundamentos jurídicos son incluso más profundos. La Declaración de San Petersburgo de 1868 estableció el principio de que, en lo que respecta a ciertas armas, “las necesidades de la guerra deben ceder ante las necesidades de humanidad”. Luego, los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, adoptados en 1977, retomaron el concepto. El primero indica que la población y las personas civiles “gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”, que se deben adoptar “todas las precauciones posibles” para protegerlas, incluida la elección de las armas, y prohíbe los ataques indiscriminados. También se observan esas nociones en los novedosos precedentes que marcaron la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y el Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra. Estos instrumentos establecen que los Estados tienen la responsabilidad de evitar lastimar a las personas civiles con “armas que siguen matando” y de ocuparse del daño ocasionado.
De la prohibición a la protección: por qué es valiosa la Convención
La Convención sobre Municiones en Racimo es una importante adición al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que refuerza las normas consuetudinarias fundamentales aplicables a todos los Estados. Esas normas exigen que las partes en conflicto distingan en todo momento entre personas civiles y combatientes, dirijan operaciones únicamente contra objetivos militares y siempre tomen todas las precauciones para resguardar a la población civil y sus bienes. Según esta Convención, se considera que las municiones en racimo, junto con las balas explosivas y las expansivas, las minas antipersonal, las armas químicas, biológicas, nucleares y las que usan fragmentos indetectables y láseres cegadores, son armas cuya prohibición surge del DIH.
Además de la prohibición categórica que la Convención impone a los Estados partes, el empleo de municiones en racimo también fue objeto de análisis en virtud de las normas del DIH consuetudinario que reflejan los principios de distinción y precauciones en el ataque. Diversas comisiones y tribunales internacionales se pronunciaron respecto de que ciertos usos de municiones en racimo en zonas pobladas son ilícitos. Por ejemplo, en el caso Martić, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) dictaminó que el empleo de este tipo de armas fue indiscriminado, mientras que otras entidades, entre ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Reclamaciones entre Eritrea y Etiopía, determinaron que hubo usos específicos ilícitos conforme a las normas de precauciones en el ataque. Aunque estas conclusiones están estrechamente vinculadas a su contexto, ponen de relieve los graves problemas jurídicos que surgen del empleo de municiones en racimo en zonas pobladas, en las que es “más que cuestionable” que esas armas puedan dirigirse contra un objetivo militar en particular, como lo exige el DIH.
La Convención demuestra que los tratados de desarme humanitario salvan vidas incluso fuera del ámbito de los Estados partes, ya que generan nuevas expectativas internacionales en lo relativo a las armas aceptables. El desarme desempeña una función vital en reafirmar las normas humanitarias, reducir el riesgo de escalada y generar confianza entre los Estados. Es necesario priorizar el desarme humanitario, tanto en tiempos de paz como durante los conflictos armados, mediante iniciativas e instrumentos de desarme que busquen consolidar y fortalecer el DIH evitando, mitigando y remediando el sufrimiento humano y el daño ambiental que causa el empleo de ciertos tipos de armas, como las municiones en racimo. Es por estos motivos humanitarios que el CICR y el conjunto del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja continúan solicitando a los Estados que se adhieran a los tratados de desarme humanitario.
En la actualidad, son 112 los Estados que prohíben absolutamente las municiones en racimo, lo que favorece la desacreditación de su empleo. Doce Estados firmantes y otros Estados se comprometieron a cumplir las metas de la Convención. Además, desde la adopción de la Convención, se destruyeron enormes cantidades de reservas de armas. En las últimas dos décadas, 42 Estados partes eliminaron todas las existencias de municiones en racimo que habían declarado, lo que equivale a aproximadamente un millón y medio de municiones en racimo y ciento ochenta millones de submuniciones. Cada munición destruida es una oportunidad menos de que se convierta en un resto explosivo de guerra y que mate o deje discapacitado a un niño, como Omar y sus amigos.
La utilidad militar no compensa el costo humanitario
Luego de haber sido empleadas inicialmente durante en la Segunda Guerra Mundial, las municiones en racimo se desarrollaron durante la Guerra Fría, en especial para atacar concentraciones de vehículos blindados, aunque muchas veces no se restringían a ese uso. En las guerras modernas, los grandes ataques a vehículos blindados prácticamente desaparecieron como concepto y, en la era de la vigilancia constante, las municiones de precisión y la combinación de drones de largo alcance y “con visión remota”, las municiones en racimo parecen cada vez más anticuadas para esa finalidad.
La pregunta crucial que deben responder las partes en conflictos armados y los comandantes militares es si, salvo en ataques a concentraciones de vehículos blindados en campo abierto, existe alguna situación que pueda justificar el empleo de municiones en racimo en vista de las consecuencias humanitarias ya conocidas, en especial, en los casos de ataque contra objetivos militares en zonas urbanas.
Si bien con frecuencia se asegura que estas armas tienen un papel esencial en los ataques, es escasa la evidencia empírica presentada para sustentar esa afirmación. Uno de los pocos análisis disponibles más bien cuestiona esas aseveraciones, en vez de confirmarlas. En el estudio que llevó a cabo el Instituto Noruego de Investigaciones para la Defensa en 2008, se llegó a la conclusión de que muchas de las armas en racimo que hoy conforman las reservas militares tienen “un efecto más modesto de lo que se suele pensar” y que, aunque “tienen un efecto satisfactorio o adecuado contra la mayoría de los objetivos”, “no se halló evidencia de que esas armas sean mucho mejores que sus alternativas, de modo tal que se las considere indispensables”.
Teniendo en cuenta los efectos indiscriminados de esas armas y el daño comprobado que ocasionan a las personas civiles, el CICR ha exhortado a todos los que continúan empleando municiones en racimo a cesar ese uso de inmediato.
La Tercera Conferencia de Examen: una oportunidad para renovar los compromisos
La Tercera Conferencia de Examen de la Convención de Municiones en Racimo tendrá lugar en septiembre de 2026, en Laos, país profundamente afectado por la contaminación con este tipo de armas desde la Segunda Guerra de Indochina, hace seis décadas. Debería ser más que un ejercicio de balance diplomático. En una época en que las municiones en racimo siguen provocando daño a personas civiles, la Conferencia ofrece a los Estados partes una oportunidad para defender la norma contra estas armas e intensificar la implementación de la Convención. Los Estados partes deberían aprovechar la Conferencia para abocarse a estas cuestiones:
- rechazar toda naturalización del empleo de municiones en racimo. Debe condenarse todo uso, independientemente del lugar, la persona que lo lleva adelante y las circunstancias;
- evitar más retiros y actuar contra todo intento de eludir la Convención sobre Municiones en Racimo o cualquier otro tratado humanitario;
- agilizar la universalización de los tratados humanitarios y dar prioridad a alcanzar a Estados que no son parte y Estados firmantes, en especial, en la regiones afectadas;
- reafirmar con contundencia el valor de las restricciones humanitarias en la guerra y dar pasos concretos para fortalecer el respeto por el DIH;
- sensibilizar al público acerca de que el desarme y el DIH pueden salvar vidas, y promover la comprensión de los riesgos que implica socavar la protección que brindan;
- cumplir con la obligación de destruir todas las existencias y fomentar que los Estados que no son parte se adhieran a la Convención;
- ocuparse de la contaminación con una respuesta humanitaria y de desarrollo coordinada, bien planificada y con los recursos necesarios;
- adoptar un plan de acción de Vientián ambicioso que contenga compromisos concretos, verificables y con plazos establecidos.
También deberían fortalecer la promesa que la Convención contrajo con los sobrevivientes y reconocer los elevados costos socioeconómicos que las heridas imponen a las personas, familiares y sociedades, mediante las siguientes acciones:
- adoptar enfoques integrales de asistencia a las víctimas: de conformidad con el Artículo 5 de la Convención sobre Municiones en Racimo y con la orientación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las políticas de asistencia a las víctimas deben ofrecer atención médica integral, rehabilitación física, apoyo en salud mental y reinserción social para cubrir el amplio abanico de necesidades y derechos de los sobrevivientes;
- priorizar la rehabilitación oportuna: garantizar el acceso temprano a los servicios de rehabilitación como parte de los programas de asistencia a las víctimas para evitar que se acentúe la vulnerabilidad y permitir que los sobrevivientes recobren su autonomía y dignidad;
- concentrarse en la calidad de vida: redefinir la idoneidad de la asistencia a las víctimas priorizando resultados tales como la funcionalidad, la educación, el empleo y la participación en la comunidad;
- invertir en sistemas de rehabilitación nacionales: organizar sistemas de rehabilitación sostenibles formando profesiones calificados en cantidades necesarias, estableciendo centros accesibles y garantizando que los dispositivos de asistencia sean asequibles.
Conclusión: de la rehabilitación a la prevención
Ahora, Omar camina con la ayuda de una prótesis y sigue recibiendo apoyo físico y psicosocial en un centro de rehabilitación apoyado por el CICR, ubicado en Kabul. Una extremidad artificial puede restablecer la movilidad y la rehabilitación puede ayudar a que recupere su autonomía, pero solo la prevención puede lograr que otro niño no sufra la misma herida.
En esencia, la Convención sobre Municiones en Racimo no solo tiene la finalidad de prohibir un arma. Además, intenta proteger a la población civil, restablecer la dignidad de los sobrevivientes y que ninguna comunidad se vea obligada a vivir con el mortal legado de las guerras pasadas. Cuando los Estados se reúnan en Laos con motivo de la Tercera Conferencia de Examen en septiembre de 2026, tendrán la oportunidad y la responsabilidad de reafirmar su compromiso a través de acciones concretas.
Nota de los autores: los autores desean expresar su agradecimiento a Robertangelo Ciccone (jefe del Programa de Rehabilitación Física de Afganistán) por enriquecer este artículo con la historia de Omar y por supervisar el programa que garantiza el tratamiento continuo del niño.
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