Según observaciones directas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizadas en el interior y alrededor de ciudades de todo el mundo donde se libran conflictos armados, en los combates urbanos actuales se utilizan algunos de los métodos más antiguos de guerra, aunque en una versión evolucionada: el sitio o asedio y otras tácticas de cercado. Las personas civiles atrapadas en una zona cercada o las que se ven obligadas a desplazarse de allí padecen, desde el punto de vista humanitario, algunas de las condiciones más horrorosas que existen.

En este artículo, Abby Zeith, asesora jurídica del CICR, describe con detalle la versión contemporánea de los sitios y cercos urbanos y el daño que causan a las personas civiles. Reseña las disposiciones del derecho internacional humanitario (DIH) para regular esos métodos de guerra y explica por qué es necesario que los Estados, los responsables de formular políticas y las fuerzas militares pongan más empeño en comprender los daños civiles que causan esas operaciones, en prepararse para afrontarlos y en procurar mitigarlos en el futuro.

Para muchas personas, los términos “sitio” o “asedio” evocan imágenes históricas de la devastación producida en Cartagena, Babilonia o Leningrado, lugares donde las fuerzas y la población civil sitiadas quedaron atrapadas defendiendo una ciudad amurallada, un castillo o alguna otra fortificación aislada por fuerzas que la cercaban. Quienes se vieron así acorralados tuvieron pocas opciones, salvo capitular, sufrir una invasión o bombardeo, o sucumbir por inanición o enfermedades causadas por privaciones extremas.

Como se puede ver en conflictos armados urbanos recientes de África, Asia, Europa y Oriente Medio, los sitios y otras tácticas de cercado ocupan aún un lugar central en la guerra moderna. Diversas investigaciones revelan que se realizaron en el mundo más de 60 sitios urbanos de diversa magnitud y duración desde principios de la década de 1990. No obstante, las consideraciones políticas al respecto y las maneras de combatir en las ciudades han evolucionado si se las compara con las guerras de asedio de otrora. Análogamente, el marco jurídico que las regula también ha cambiado.

Las nociones de “sitio” o “asedio” y de “cercado”

Los tratados del DIH hablan de zonas “sitiadas” o “cercadas”, pero no definen los términos “sitio”, “asedio” o “cercado” (véanse, por ejemplo, el art. 27 del Anexo al Convenio de La Haya de 1907, los arts. 15(2) CG I; 18(2) CG II; y 17 CG IV).

El sitio —o cerco, según la terminología de ciertas doctrinas bélicas militares— puede describirse como “una táctica para cercar a las fuerzas armadas del enemigo a fin de impedir sus movimientos u obstaculizar el paso de ayuda y suministros” (informe de 2019 del CICR sobre DIH y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, p. 23). Hay descripciones similares en algunos manuales sobre derecho de los conflictos armados (por ejemplo, en el Manual de Nueva Zelanda [8.10.1] y en el Manual del Departamento de Defensa de Estados Unidos [5.19.1]).

Por lo general, un asedio o sitio urbano tiene el objetivo de aislar y desgastar a las fuerzas sitiadas, al punto de obligarlas a rendirse o retirarse, o bien “destruirlas” de algún otro modo (para emplear uno de los verbos con definición estandarizada que suele citarse en el ámbito militar).

Históricamente, esos objetivos se alcanzaron haciendo pasar hambre a la población de manera indiscriminada en ciudades enteras, combinándolo con ataques repetidos para impedir refuerzos, debilitar las defensas y causar la rendición. En conflictos contemporáneos, las privaciones originadas por el cercado continúan, pero las fuerzas sitiadoras intentan a menudo tomar el control de una zona urbana y despejarla matando, capturando o forzando la retirada de los sitiados mediante hostilidades intensas.

Cuando no se procura con el sitio capturar por asalto una zona, es posible que el objetivo sea, entonces, obtener ventajas militares con relativa seguridad para los atacantes, como sucedió en Basora en 2003. Aunque se la emplea mucho menos en la actualidad, esa táctica puede evitar a los atacantes los riesgos de la lucha urbana y, en ciertas condiciones, puede limitar las cuantiosas bajas civiles y los daños a la infraestructura civil que entraña la lucha en áreas pobladas. No obstante, esas operaciones siempre producen bajas civiles y destrucción, así como otros daños y privaciones para la población civil.

A la inversa, la mayor parte de los sitios de hoy en día implican el intento de tomar por asalto una zona urbana y vencer a quienes la defienden mediante combates acompañados de bombardeos intensos de efecto devastador para la población civil. Eso es lo que ocurre cuando quedan pocas opciones para las fuerzas sitiadas emplazadas en el interior de una ciudad: rendirse o bien llevar a cabo una defensa desgastadora. Anthony King, profesor de estudios bélicos, caracteriza tales combates como “asedios intraurbanos del siglo XXI” o “microasedios localizados”, que van desde el nivel subterráneo de la calle hasta el espacio aéreo por encima de ella. Al respecto, comenta:

En la actualidad, las ciudades engloban totalmente a las fuerzas armadas. Los ejércitos no tienen tamaño suficiente para rodear ciudades enteras. Los combates por una ciudad se desenvuelven ahora en su interior, con unidades más pequeñas que convergen sobre los puntos decisivos. Como las fuerzas se han reducido, el combate urbano se transforma en una serie de microasedios localizados, en los cuales los combatientes compiten por edificios, por calles y barrios. En lugar de líneas de batalla que cortan toda una ciudad, proliferan los cercos a determinados lugares. El campo de batalla urbano es un área salpicada de combates locales.

Puede haber incluso cercos locales dentro de una zona sitiada más vasta, como ocurrió en el caso de la planta siderúrgica Azovstal durante el sitio de Mariupol.

Los sitios causan un sufrimiento humano indescriptible

Los sitios y otros tipos de cercado suelen ir acompañados de bombardeos, incluido el uso de una diversidad de armas explosivas pesadas, y de una lucha encarnizada entre las fuerzas sitiadoras y las sitiadas, lo que implica un peligro constante para las personas civiles atrapadas en esa situación. Los diversos obstáculos que impiden el paso de mercaderías —puestos de control, operaciones de contramovilidad, fuego de interdicción— implican que a menudo no puedan ingresar en la zona sitiada bienes esenciales para la supervivencia de la población civil. Otras dificultades características de tales situaciones son la falta de electricidad y el deterioro de otros servicios esenciales. Ante la escasez de alimentos, agua y servicios de salud, las familias se ven empujadas a elecciones absurdas. La edad, el género y la discapacidad acrecientan las dificultades para conseguir esos recursos escasos. Las alarmantes consecuencias humanitarias en esos contextos se acumulan, no son pasajeras y a menudo incluyen daño psíquico: hambre, malnutrición, deshidratación, dolencias y enfermedades diversas, lesiones y muerte.

Ningún asedio o sitio es idéntico a otro aunque todos tienen características similares. Difieren por su tamaño, escala, ubicación, naturaleza, intensidad y por las partes en conflicto. Además y muy importante, las consecuencias humanitarias para las personas atrapadas en un asedio dependen, entre otras cosas, de la intensidad y ubicación de las hostilidades, así como de la índole de las restricciones impuestas a la circulación de personas civiles y de combatientes heridos y enfermos. Dependen también de la posibilidad de acceder a mecanismos locales para afrontar esas situaciones y de la resiliencia de las redes de servicios esenciales para cubrir las necesidades y vivir sin riesgos en un entorno urbano: electricidad, servicios de salud, agua potable, tratamiento de aguas servidas, eliminación de residuos sólidos. También se ha tener en cuenta el sistema de mercado que proporciona alimentos y artículos esenciales, comunicaciones, sistemas financieros, transporte para seres humanos y mercaderías. Por último, su situación estará supeditada al grado de ayuda humanitaria y de los productos esenciales que puedan ingresar habitualmente, de en qué medida sea posible abandonar la zona y de qué tan extendidos estén el contrabando y el soborno.

A menudo se olvida que, para las personas civiles, las consecuencias de un sitio no se limitan a las fuerzas, el terreno, la población y la infraestructura de carácter civil que se alojan en una zona sitiada o cercada. En palabras de un experto militar, “como ocurre cuando se estruja un globo inflado, sitiar un lugar acarrea miseria y sufrimiento en otros lugares”[1]. Una vez arrancados de su comunidad, quienes huyen de zonas sitiadas pierden el hogar y el sustento. Con frecuencia, se ven obligados a depender de otras familias y comunidades que también están sufriendo los efectos del conflicto armado. Como sucedió en el caso de Mosul, la gran afluencia de habitantes urbanos puede agudizar en las zonas vecinas problemas preexistentes de empleo y de mercados, de vivienda, infraestructura, acceso a la tierra, de eliminación de residuos y otros servicios públicos. Los desplazamientos urbanos de gran escala generan necesidades de una magnitud que excede por mucho la capacidad de las organizaciones humanitarias.

Por otra parte, la doctrina militar sustentada por la práctica operacional actual indica que, para las dos partes en conflicto y para los actores que las apoyan, la ubicación de bases, los puntos de sustentación y de apoyo para el fuego están probablemente emplazados fuera del área cercada. Incluso pueden estar ubicados en otra zona urbana. Los riesgos que los ataques de los sitiados a esos objetivos externos al cerco plantean para la población y los bienes de carácter civil de esa otra localidad deben tenerse en cuenta en la planificación operacional a fin de atenuarlos.

¿Cómo se regulan en el DIH los sitios y cercados urbanos contemporáneos?

La manera de conducir los sitios o cercados urbanos contemporáneos viene evolucionando a lo largo de los años por una multitud de razones. Paralelamente, ha evolucionado también el marco jurídico que regula esas acciones.

En primer lugar, los avances en el derecho internacional (en especial después de la Segunda Guerra Mundial) han limitado apreciablemente lo que está permitido hacer a los beligerantes en el curso de un asedio urbano. Sin duda, tal como se la practicaba tradicionalmente, la guerra de asedio que no distinguía entre personas civiles y fuerzas armadas enemigas está prohibida en la actualidad (si se desea un análisis esclarecedor del derecho y las prácticas consuetudinarias que regían los sitios y su evolución histórica, véase aquí).

En la actualidad, los cercados deben limitarse exclusivamente a las fuerzas armadas enemigas; es decir, cuando solo hay en la zona fuerzas enemigas, está permitido cercarlas y también bloquear sus refuerzos y reaprovisionamiento. Por desgracia, cuando se asedian o cercan ciudades u otras áreas pobladas, suelen quedar atrapadas personas civiles que padecen un sufrimiento indescriptible.

No hace mucho, el CICR publicó un breve documento explicativo sobre la protección vital que el DIH brinda a esas personas civiles poniendo límites a lo que las partes pueden hacer durante un sitio. Se resume allí la posición jurídica que el CICR detalla mucho más extensamente en el informe sobre DIH y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos de 2019. Al respecto, deben destacarse algunos puntos en particular:

1. Los beligerantes deben permitir que las personas civiles abandonen las zonas sitiadas o cercadas.

A lo largo de la historia, las fuerzas que imponían un sitio y las sitiadas impedían que las personas civiles abandonaran la zona cercada. Para quienes asediaban, esa medida tenía a menudo el objetivo principal de acelerar la rendición porque las personas civiles dependen de los mismos suministros que las fuerzas sitiadas. De hecho, en los juicios de Núremberg, se consideró extrema, aunque no ilícita, la práctica de utilizar la artillería para impedir que la población civil abandonara una zona sitiada.

Esas prácticas ya no reflejan el estado actual del derecho, que ha avanzado y no se circunscribe ya a las disposiciones fundamentales, aunque limitadas, de los Convenios de Ginebra acerca de la evacuación de categorías específicas de personas vulnerables (art. 15 CG I, art. 18 CG II y art. 17 CG IV).

Por las razones que el CICR expuso con mucho más detalle en 2019 (págs. 23-24), existen diversas prohibiciones (a saber, atacar a personas civiles, atacar indiscriminadamente, utilizar escudos humanos, hacer pasar hambre a la población civil como método de guerra) y normas que surgen del principio de precaución que dejan muy en claro lo siguiente: en la actualidad, en ningún sitio o cercado deben quedar atrapadas personas civiles, y las dos partes en conflicto deben permitirles abandonar la zona sitiada.

Las exhortaciones para que se permitiera la evacuación de personas civiles durante las hostilidades que se produjeron en ciudades de Ucrania, así como las resoluciones de la ONU en el caso de Siria, demuestran el amplio apoyo con el que cuenta ese imperativo entre los Estados. Diversos especialistas en derecho (del ámbito académico, militar y humanitario) también abogan por la obligación de permitir que las personas civiles abandonen las zonas sitiadas o cercadas.

No obstante, en los manuales militares sobre derecho de los conflictos armados, todavía aparecen opiniones divergentes. Algunos manuales parecen confirmar expresamente esa obligación (por ejemplo, los de Dinamarca (§2.12), Francia (§5.5.4); Israel; Estados Unidos (§5.19.4.1)). Desgraciadamente, otros manuales solo parecen referirse a las limitadas cláusulas de los Convenios de Ginebra sobre la evacuación de ciertos grupos vulnerables (por ejemplo, Nueva Zelanda). Un tercer grupo deja librada al criterio del comandante militar la decisión de permitir que las personas civiles abandonen el área sitiada (tal es el caso de los manuales de Australia, Canadá y Reino Unido). Según el CICR, se trata de un punto de vista obsoleto que ya no refleja el estado actual del derecho. Otra fuente de preocupación es que algunos otros manuales sobre derecho de los conflictos armados ni siquiera mencionan las operaciones de sitiado.

Se exhorta a todos los Estados —en particular a los que han emprendido un proceso de revisión de los manuales sobre derecho de los conflictos armados — a prestar mayor atención a este tema, mediante, entre otras medidas, la afirmación en términos inequívocos de que las personas civiles tienen derecho a abandonar las zonas sitiadas o cercadas.

2. Las personas civiles que huyen o son evacuadas de una zona sitiada o cercada tienen siempre el carácter de personas protegidas.

Las personas civiles que huyen de una zona sitiada o cercada, o las que son evacuadas transitoriamente de ella son personas protegidas. No deben ser atacadas. En caso de desplazamiento, deben tomarse todas las medidas posibles para garantizarles buenas condiciones de albergue, higiene, salud, seguridad y nutrición. También se debe garantizar que los miembros de una misma familia no queden separados. En caso de que la parte sitiadora decida inspeccionar a las personas desplazadas por razones de seguridad, las medidas consiguientes deben aplicarse respetando plenamente el DIH y los derechos humanos.

El DIH establece restricciones estrictas para las evacuaciones. Solo pueden realizarse evacuaciones forzosas cuando así lo exijan la seguridad de la población civil o razones militares imperiosas. Además, las evacuaciones solo pueden ser temporales. Las personas que han huido o han sido evacuadas tienen derecho a regresar voluntariamente a su hogar o a su lugar habitual de residencia tan pronto como dejen de existir las razones que motivaron su desplazamiento. Puesto que, durante un sitio, hay gran riesgo de bajas civiles incidentales, puede ser necesario, e incluso jurídicamente exigible, realizar evacuaciones transitorias. No obstante, no deben utilizarse los sitios para obligar a la población civil a abandonar para siempre una zona determinada.

3. Las personas civiles, heridas o enfermas que por cualquier razón permanecen en un área sitiada o cercada deben ser protegidas.

Las personas civiles, heridas y enfermas que por cualquier razón permanecen en una zona sitiada siguen siendo personas protegidas. Tanto las fuerzas sitiadoras como las sitiadas deben atenerse a normas importantes para la protección de personas civiles durante las hostilidades, en particular, deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución; deben acatar la prohibición de utilizar escudos humanos y cumplir las normas relativas a la protección específica de

Por otra parte, las normas del DIH que prohíben hacer pasar hambre a la población como método de guerra y que tratan sobre operaciones de socorro y acceso humanitario fueron ideadas para garantizar, en conjunto, que la población civil no se vea privada de las provisiones esenciales para sobrevivir ni padezca inanición.

El pretendido “imperativo militar de aislar” una zona sitiada

Se ha sugerido que las reseñas históricas (sobre los casos de Leningrado, Grozni y Sarajevo, por ejemplo) confirman que “aislar totalmente” una zona es la condición “sine qua non” de un asedio eficaz. Ese aislamiento total implica cortar toda comunicación de las fuerzas sitiadas con sus líneas de operación, de comunicación y de apoyo logístico, además de controlar el acceso a la zona en cuestión. Quienes llegaron a esa conclusión parecen insinuar que cualquier alternativa menos rigurosa facilitaría al adversario las condiciones necesarias para mantener la defensa y prolongar indefinidamente el sitio, con lo cual se evitaría una victoria decisiva.

Conforme a esta concepción, el imperativo militar de conseguir y mantener el aislamiento total del enemigo (sobre todo, el aislamiento físico, pero se podrían incluir también los aspectos psicológicos y electrónicos) es el pensamiento rector en un sitio o cercado, y cabe decir que de allí proviene el alcance limitado y la poco promisoria perspectiva humanitaria del DIH que rige su conducta. Se argumenta que una fuerza sitiadora podría invocar el pretendido “imperativo militar de aislamiento” para impedir el paso de ayuda humanitaria o la evacuación temporal de personas civiles. En opinión de algunos beligerantes, las suposiciones acerca de las ventajas militares previstas en caso de aislar totalmente al enemigo podrían incluso condicionar las decisiones de la fuerza sitiadora con respecto a la selección de objetivos, la proporcionalidad y las precauciones en el ataque.

Sin embargo, como se demostrará a continuación, los argumentos que invocan el “imperativo de aislamiento” para privilegiar objetivos militares en detrimento de imperativos humanitarios en asedios y cercos contemporáneos no deben aceptarse sin evaluar más a fondo su legitimidad, sus fundamentos militares y su practicidad.

Primero. Si bien el aislamiento puede ser, en efecto, una prioridad militar, no se la puede considerar en el vacío, como alegan otros autores. Debe ser apreciada a la luz del marco jurídico contemporáneo. Las obligaciones que abarca ese marco conciernen a todos los medios y métodos de guerra, sin excepciones para el asedio. Aun cuando un sitio o cercado sea considerado como la batalla “decisiva” en el contexto de una campaña u operación militar de gran escala, los beligerantes siempre deben atenerse rigurosamente al derecho relativo a la conducción de las hostilidades, cuyo objetivo es proteger a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Este criterio no solo es pertinente cuando se planifican y deciden ataques contra objetivos militares en el interior de la zona urbana sitiada o lanzados desde allí (en especial cuando sean factibles ciertas precauciones o esté en juego la proporcionalidad del ataque), sino también en el caso de aplicar restricciones a la ayuda humanitaria o en el de dirigir una evacuación.

Además, los beligerantes deben tener en cuenta que, en realidad, la población civil soporta buena parte de la carga que implica un sitio. Igualmente importante es saber que sacar provecho del sufrimiento de las personas civiles atrapadas en una zona sitiada es totalmente incompatible con el DIH contemporáneo. En opinión del CICR, está prohibido hacer pasar hambre indiscriminadamente a una población como método de guerra; en otras palabras, la privación de alimentos y agua u otros elementos necesarios para sobrevivir no es lícita cuando no se dirige o no puede dirigirse exclusivamente contra las fuerzas armadas enemigas. Las fuerzas sitiadoras tampoco pueden justificar el hecho de hacer pasar hambre en masa a una población civil argumentando que su finalidad específica era solo causar la inanición de combatientes enemigos que se hallaban en la misma zona.

Más aún, el comandante de una fuerza sitiada que no puede aportar provisiones esenciales para la supervivencia de la población civil bajo su control y el comandante de las fuerzas sitiadoras deben permitir el paso rápido y sin trabas de ayuda humanitaria para las personas civiles que permanecen en la zona sitiada (por ejemplo, Francia (§5.5.4); Canadá §614(7): Israel). Esta disposición está supeditada al derecho de las partes a ejercer control y a su capacidad para imponer restricciones transitorias y geográficamente limitadas que la necesidad militar requiera en el momento y lugar de las hostilidades.

Segundo. Algunos textos (por ejemplo, Dannenbaum págs. 389-390 y Lattimer) cuestionan la pretendida reivindicación empírica de “métodos ilícitos que usan el hambre” —al punto de bloquear totalmente el paso de provisiones esenciales— para reducir a fuerzas adversarias bien protegidas en áreas urbanas. Esos textos ponen en duda un planteo binario según el cual las únicas opciones al alcance de las fuerzas armadas son “un ataque total con todos los recursos o la reducción del adversario por hambre mediante un cerco impenetrable”. Se sugiere así que pueden existir enfoques alternativos para “contener las fuerzas enemigas, socavar su capacidad de lanzar una ofensiva desde el lugar que ocupan y evitar que se desplieguen en otra parte”.

Además, las fuerzas sitiadoras procuran justificar restricciones a la ayuda humanitaria o se niegan a permitir que personas civiles abandonen zonas sitiadas argumentando que, históricamente, la táctica del sitio descansó en el hecho de que la población civil atrapada en el cerco acelera la rendición del enemigo sitiado (porque esa población depende de las mismas provisiones que las fuerzas sitiadas). Con ese argumento parecen desconocer cómo se conduce realmente la guerra urbana contemporánea, que a menudo combina sitios y cercados con ataques armados sobre un área urbana.

Tercero. Si fuera verdad que, desde la perspectiva militar, el “aislamiento total” es la condición “sine qua non” para triunfar en una operación de sitio, se pondría en duda la probable eficacia de la táctica de cercado, dadas las dificultades prácticas que se oponen hoy en día al aislamiento de una ciudad moderna. Es probable incluso que los expertos militares consideren equivocada la idea de que los sitios modernos exijan un cercado completo o aislamiento total. De hecho, pocas veces opinan así. Se dice también que la opción entre un sitio poroso o la tendencia a hacerlo impermeable podría depender, entre otros factores, de los objetivos políticos y militares, de las fuerzas y competencias disponibles, y del tamaño del cercado. Por ejemplo, si el cercado no se cierra, esa situación puede deberse a la falta de personal o de materiales para completar el círculo alrededor de una ciudad, o a una decisión deliberada de un actor sobre cómo quiere que se desarrolle el sitio.

Las personas responsables de formular políticas y estrategias, así como el personal militar, deberían hacer más por evitar daños civiles en los sitios urbanos

Como se ha señalado al comienzo de este artículo, las investigaciones revelan que, desde principios de la década de 1990, se realizaron en el mundo más de 60 sitios urbanos que abarcaron todos los niveles de operaciones.

Los sitios y cercados también pueden formar parte de un plan de operaciones más vasto: por ejemplo, se los puede utilizar para aislar fuerzas desarticuladas del enemigo que se han instalado en una zona determinada. Con frecuencia, los sitios son una consecuencia previsible de la decisión de llevar la lucha a un terreno urbano o de defenderse desde su interior.

En la actualidad, un asedio o sitio urbano puede estar enfocado en el terreno (esto es, su objetivo primordial es controlar áreas estratégicas) o puede estar enfocado en el enemigo (es decir, su objetivo principal consiste en derrotar a las fuerzas enemigas, y no solo en contenerlas). A veces, es una combinación de ambos tipos. El hecho de que un sitio sea una operación táctica, operacional o estratégica afecta diversos aspectos del asedio, incluso su planificación y las precauciones que puedan tomarse.

Aunque los sitios son un elemento habitual de la guerra urbana contemporánea, en la doctrina bélica casi no se los menciona per se. Como se dijo al principio de este artículo, en los textos de doctrina militar es más probable hallar la noción de “operaciones de cercado”. Por ejemplo, en un texto del ejército de Estados Unidos (US Army Techniques Publication 3-06, Urban Operations [7-46]), se establece un vínculo entre la defensa urbana y la táctica de aislamiento por parte de una fuerza atacante cuando se alude a actividades típicas de los sitios o cercados:

Las operaciones de cercado son operaciones en las que una fuerza pierde libertad de maniobra porque otra fuerza opuesta la aísla controlando todas sus líneas terrestres de comunicación y de refuerzo (ADP 3-90). En las áreas urbanas, ese control por cercado incluye adueñarse de todas las entradas de importancia a instalaciones subterráneas situadas en el interior del objetivo del área cercada o alrededor de ella. Las unidades militares involucradas evalúan la posibilidad de restringir por un tiempo breve los servicios esenciales (como provisión de agua, electricidad o telecomunicaciones) que se prestan a la zona cercada a fin de ganar posiciones o conseguir ventajas; de todos modos, tienen plena conciencia de que deben restaurarlos para no causar daños indebidos a personas civiles.

Lo que está claro es que, cuando la guerra alcanza la ciudad, la lucha por controlarla o defender esa ciudad (o partes de ella) a menudo se transforma en un lento combate posicional de desgaste que se asemeja a un sitio o cercado, cualquiera sea el nombre que le demos. No siempre ocurre que las fuerzas involucradas se hayan entrenado o preparado para sitiar: el sitio puede ser una respuesta a una situación reciente y, a veces, puede ser incluso el resultado de una planificación deficiente o de una táctica errónea. De hecho, gran parte del sufrimiento causado a la población civil en tales operaciones se puede atribuir con frecuencia al efecto acumulativo de una serie de decisiones tácticas entre las cuales hay algunas que no coadyuvan a los objetivos militares estratégicos. La falta de preparación para lo inevitable agudiza los daños infligidos a la población civil.

Los expertos en guerra urbana que reconocen el resurgimiento del sitio como operación militar y su evolución atribuyen las deficiencias de la doctrina actual a los “intentos de esquivar el problema léxico y práctico que plantea el sitio o asedio”, lo cual, a su vez, no ayuda a los militares a comprender esas operaciones ni a prepararse para ellas. Por ejemplo, Fox y Watkins expresan preocupación porque, el personal militar carece de un marco táctico y jurídico para llevar adelante las operaciones de un sitio aun cuando hayan participado ellos mismos en varios sitios en los últimos años. Estos autores recomiendan a los Estados y a sus ejércitos “la elaboración de una doctrina inspirada en el derecho internacional que sea compatible con las operaciones de sitiado, a fin de estar mejor preparados para los rigores de una guerra en escenarios de esa índole”.

Con espíritu afín al de diversos expertos en guerra urbana, al de organizaciones no gubernamentales y de diversos académicos, el CICR estima que es apremiante la necesidad de una reflexión más completa sobre el modo en que los beligerantes conducen los sitios y cercos urbanos, especialmente en lo que atañe a los aspectos jurídicos y humanitarios. Con ese fin, el CICR ha instado a los Estados a que elaboren una doctrina específica para la guerra urbana. Asimismo, es necesario prepararse y adiestrarse mejor en organizar la evacuación de personas civiles atrapadas en áreas sitiadas: se trata de operaciones complejas que acosan con sus dilemas al personal militar y humanitario por igual. El CICR publicó un manual acerca de la reducción de daños civiles en la guerra urbana titulado Commander’s Handbook on Reducing Civilian Harm in Urban Warfare, que cuenta con apéndices específicos sobre evacuaciones e inspecciones, y otro manual para grupos armados no estatales. Últimamente, publicó también un informe sobre una reunión de expertos y recomendaciones para evitar y mitigar los efectos indirectos sobre los servicios esenciales del uso de armas explosivas pesadas. Como señalamos con anterioridad, esas armas suscitan profunda preocupación cuando se las emplea en operaciones de sitio o cercado urbano. Recomendamos esos documentos a las autoridades políticas, a las fuerzas armadas y a los grupos armados no estatales.

Es de destacar el taller organizado conjuntamente en 2022 por el Programa sobre Derecho Internacional y Conflictos Armados de la Escuela de Derecho de Harvard, el Instituto Lieber de West Point y el CICR, en el cual se reunieron juristas, expertos en temas humanitarios, académicos y militares a fin de debatir algunos de estos temas (véase el resumen preparado por dos de los participantes). Abrigamos la esperanza de que estos debates prosigan en los años próximos.

Hay mucha incertidumbre con respecto al futuro de la guerra. Seguimos descubriendo que los avances tecnológicos pueden estar reconfigurando los campos de batalla o modificando cómo se combate en las guerras urbanas. Hecha esta salvedad, lo que sí sabemos a partir de nuestras observaciones directas en el interior o alrededor de ciudades en conflicto de todo el mundo es que uno de los métodos de guerra más antiguos, el sitio y el cercado, en su forma evolucionada, es un elemento persistente de la guerra urbana.

Las personas civiles atrapadas en áreas sitiadas, o desplazadas de allí, seguirán padeciendo condiciones más que horrorosas desde el punto de vista humanitario. Es imprescindible que los Estados y sus fuerzas armadas reflexionen más extensamente sobre el modo de evitar y mitigar las consecuencias humanitarias devastadoras de esos métodos y que mediten también en qué medida el modo de aplicarlos respeta plenamente las normas del DIH.

Nota del autor: El autor expresa su agradecimiento a Laurent Gisel y Amos Fox, así como a diversos colegas del CICR por sus inapreciables comentarios acerca de borradores del presente artículo.

[1] Amos Fox, Presentation on sieges in modern war. [Presentación en la Escuela de Derecho de Harvard, 31 de marzo de 2022. Publicado en línea por el autor.]

Vea también:

• Laura Boillot, Laurent Gisel, Paul Holtom, Frederik Siem, Dina Abou Samra, Juliana Helou van der Berg, Protecting civilians in conflict: the urgency of implementing the Political Declaration on Explosive Weapons in Populated Areas, 22 de abril, 2024
• Ruben Steward & Celia Edeline, The NSAG handbook: helping non-State armed groups reduce civilian harm during urban warfare, 30 de marzo, 2023
• Eirini Giorgou, Explosive weapons with wide area effects: a deadly choice in populated areas, 25 de enero, 2022