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Con los ojos en el cielo y las armas en la mano: los drones FPV y los desafíos para el DIH y la protección de las personas civiles

, Análisis / Armas / Conducción de hostilidades / DIH / Nuevas tecnologías 23 mins read

Con los ojos en el cielo y las armas en la mano: los drones FPV y los desafíos para el DIH y la protección de las personas civiles

Photo Credits: Egor Komarov.

Los drones han pasado a ser un rasgo distintivo de los conflictos armados contemporáneos. Su uso ha aumentado drásticamente en los últimos años, al principio con la proliferación de sistemas económicos y disponibles en el mercado y, cada vez más, también con la fabricación de drones a gran escala por las fuerzas armadas. Entre ellos, los drones FPV (del inglés First-Person View, o vista en primera persona) –aeronaves pequeñas y ágiles controladas por un operador que recibe una transmisión de vídeo en directo desde la cámara del dron– se han revelado como una herramienta particularmente versátil. Pequeños, baratos y fáciles de armar y operar, los drones FPV han sido utilizados, según se informa, tanto por actores armados estatales como no estatales en conflictos en todas las regiones del mundo, por ejemplo, en América Latina, Gaza, Siria e Irán, como asimismo en Asia occidental, el Sahel (por ejemplo, Malí), Sudán, Ucrania, Tailandia y Camboya, y Myanmar.

En esta publicación, Georgia Hinds, Mauro Vignati y Eirini Giorgou, asesores del CICR, analizan el modo en que los drones FPV están redefiniendo la conducción de las hostilidades, con consecuencias para las personas civiles en los conflictos armados y para el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH). Sugieren medidas prácticas que las partes en conflictos armados deberían adoptar a fin de encarar estos riesgos y velar por el respeto del DIH.

El término «First-Person View» se originó en los videojuegos de la década de 1970, en los cuales el jugador podía experimentar el juego a través de los ojos de un personaje. Inicialmente desarrollados para uso civil, en particular para vuelos recreativos y carreras de drones, los drones FPV se caracterizan por una cámara frontal que transmite imágenes en directo al operador y permite un control inmersivo más allá de la línea de visión. Esta innovación relativamente sencilla ha logrado que los drones FPV sean sumamente adaptables para usos militares. Las mejoras tecnológicas (mejor capacidad de maniobra, mayor carga útil, mayor alcance o duración de vuelo y la integración de cámaras térmicas) han aumentado aún más su utilidad operativa.

Los avances recientes también apuntan hacia una mayor autonomía. Algunos drones FPV son capaces de seguir volando hacia un objetivo preseleccionado incluso si se interrumpe la comunicación con el operador. Aunque la autonomía en la navegación por sí sola no convierte un dron FPV en un sistema de armas autónomo, representa una tendencia más amplia hacia la reducción de la participación humana en ciertas funciones.

De una herramienta para aficionados a un arma en el campo de batalla

Hoy, estos drones se usan tanto para tareas de vigilancia como de ataque, a menudo en combinación con otros sistemas, como también para cometidos menos tradicionales como aceptar la rendición del adversario[1].

Su atractivo para las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales radica en varios factores:

  • accesibilidad: los drones FPV pueden adquirirse fácilmente ya fabricados o producirse de forma casera, y sus partes se pueden imprimir en 3D;
  • facilidad de uso: los operadores pueden capacitarse rápidamente para pilotar drones FPV, a veces solo en cuestión de horas;
  • asequibilidad: los drones FPV son relativamente económicos y a menudo se consideran descartables;
  • adaptabilidad: los componentes se pueden ensamblar y modificar en el terreno;
  • agilidad: pueden maniobrar con rapidez y atacar objetivos en movimiento, incluso en entornos urbanos densos.

Estas características permiten su uso en gran escala, incluso en misiones «solo de ida» o unidireccionales, en las que los drones FPV, equipados con cargas explosivas, se transforman en municiones. Estas características también plantean graves interrogantes de índole humanitaria y jurídica. El presente artículo aborda los problemas específicos derivados del uso de drones FPV en los ataques[2].

Versatilidad y evolución de los patrones de uso

Los drones FPV se utilizan cada vez más para llevar a cabo ataques en conflictos armados. Por lo general, están equipados con cargas explosivas que se dejan caer sobre los objetivos o que detonan cuando el dron choca con un objetivo. Se pueden usar individualmente o en enjambres coordinados para atacar a personas o equipos. Si bien los drones FPV presentan predominantemente configuraciones «multirrotor», cada vez se emplean más los modelos de ala fija para extender su radio de acción y aumentar su velocidad y capacidad de carga. Se ha informado de casos en los que su alcance operativo ya alcanza los 30 kilómetros..

Algunos drones FPV pueden «merodear» por cierto tiempo. Pueden emplearse en operaciones de tipo emboscada, manteniéndolos ocultos hasta que aparece un objetivo, momento en el que el operador detona la munición. Según algunos informes, otros se configuran para que detonen al detectar movimientos o cuando se los manipula. Resulta sumamente difícil verificar estas afirmaciones y capacidades técnicas. Sin embargo, esos sistemas «activados por la víctima» podrían clasificarse como minas o como armas trampa –artefactos regidos por el tratado pertinente y por las normas del DIH consuetudinario– o como sistemas de armas autónomos, si son capaces de seleccionar y atacar un objetivo basándose en su movimiento y sin otra intervención humana. En este último caso, cobran especial relevancia las recomendaciones del CICR sobre las armas autónomas.

Los drones FPV están ampliando el alcance de los ataques más allá de la línea de frente inmediata, incluso en zonas pobladas. Aunque esta amenaza no es exclusiva de los drones FPV, debido al alcance y a la maniobrabilidad de estos resulta más difícil pronosticar el lugar y el momento en que podrían producirse los ataques. Su capacidad de acceder a zonas previamente consideradas difíciles o imposibles de acceder, como sótanos y otros espacios cerrados, sumada a su número, su agilidad y su capacidad para observar y perseguir objetivos, puede contribuir a lo que en ocasiones se describe como un «campo de batalla transparente»[3]. Para las personas civiles, esa transparencia puede manifestarse como una constante sensación de exposición y de vulnerabilidad, con el temor permanente a ser atacadas por error o sufrir daños incidentales. En este entorno, hay más probabilidades de que los combatientes procuren ocultar sus movimientos entre la población civil o los bienes de carácter civil, mientras que los operadores pueden hallarse lejos de la línea de frente, incluso en viviendas civiles. Por consiguiente, los objetivos militares tienden a ubicarse cada vez más en estrecha proximidad con la población civil, lo que puede complicar los esfuerzos por distinguir entre objetivos militares y personas o bienes protegidos.

Preocupaciones humanitarias y jurídicas fundamentales

Aunque los drones FPV no están expresamente prohibidos ni se encuentran específicamente regulados como una categoría de arma en el marco del DIH, los patrones de uso descritos en los párrafos precedentes plantean una serie de preocupaciones humanitarias y jurídicas relacionadas con la tecnología en sí, con las personas que la emplean y con las circunstancias de la adquisición y el despliegue de drones FPV. Los siguientes ejemplos son de carácter ilustrativo, más que exhaustivo.

Limitaciones a la identificación de objetivos

Los drones FPV se suelen equipar con sensores de bajo costo y a menudo con cámaras análogas de resolución limitada. Si bien dichos sensores son adecuados para la navegación, es posible que no permitan identificar objetivos o evaluar el entorno circundante de manera fiable.

Es más, el efecto de «visión de túnel» que genera la transmisión de vídeo de un drone FPV no permite al operador percibir el entorno circundante ni las personas o bienes protegidos que puedan encontrarse en las cercanías del objetivo.

Según el DIH, los ataques solo pueden dirigirse contra objetivos militares. En caso de duda acerca del estatuto de una persona o de un bien, deben ser considerados civiles. Cuando la tecnología disponible no permite la verificación suficiente de un objetivo, no se debe lanzar un ataque.

Además, las partes deben hacer todo lo posible para evaluar los daños civiles incidentales que cabe esperar de un ataque. Deben tomar todas las precauciones factibles para evitar o, al menos, reducir lo más posible los daños incidentales civiles causados por sus ataques, incluso al seleccionar sus armas y tácticas.[4] Están estrictamente prohibidos los ataques cuando es de prever que causen daños civiles incidentales que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista (ataques desproporcionados)[5].

Estas obligaciones pueden requerir el uso de medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento adicionales, así como de sensores de alta calidad, o pueden impedir de otro modo el uso de drones FPV para lanzar ataques en determinadas condiciones.

Localización de objetivos militares y combatientes en zonas pobladas

La cambiante geografía de las hostilidades causada por el uso de drones FPV plantea preocupaciones con respecto al cumplimiento de la obligación de tomar precauciones contra los efectos de los ataques. Conforme al DIH, las partes en un conflicto deben, hasta donde sea factible, evitar situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas y tomar otras precauciones necesarias para proteger a las personas civiles bajo su control de los peligros derivados de las operaciones militares.

La presencia de objetivos militares o de operadores de drones entre las personas civiles pueden plantear interrogantes respecto del cumplimiento de estas obligaciones y, en cualquier caso, aumenta los riesgos para la vida de las personas civiles. Está prohibido servirse de personas civiles para proteger contra ataques las operaciones o los objetivos militares, incluidos los operadores de drones o los combatientes que podrían ser blanco de dichos operadores. Estas obligaciones siguen siendo esenciales, dado que el alcance de las armas y las zonas donde pueden producirse ataques se siguen expandiendo.

Sin embargo, cabe aclarar que incluso cuando una parte incumple las obligaciones de no emplear escudos humanos o tomar precauciones contra los efectos de los ataques, las normas de distinción, proporcionalidad y precaución siguen siendo aplicables y protegen a las personas civiles del mismo modo en que lo harían si no se hubiese producido una infracción.

Capacitación limitada y mayor participación de civiles

Los operadores de drones FPV suelen recibir una capacitación rápida, que casi no deja tiempo para la formación en DIH. Al mismo tiempo, el fácil acceso a estos sistemas permite que los ensamblen e incluso operen personas civiles que difícilmente cuenten con formación previa en DIH. Esto suscita interrogantes con respecto al conocimiento del DIH y, por consiguiente, su cumplimiento[6]. También aumenta el riesgo de que los civiles se vean arrastrados a participar directamente en las hostilidades y los expone a ataques[7].

Fiabilidad, seguridad y revisiones jurídicas

Los orígenes comerciales de los drones FPV y la facilidad con la que se pueden ensamblar a partir de componentes disponibles en el mercado o piezas impresas en 3D plantean preocupaciones que trascienden su uso en el terreno.

Los drones ensamblados fuera de las cadenas de suministro militar formales podrían no satisfacer las normas de fiabilidad y seguridad que normalmente se aplican a las armas. Pueden presentar mayores riesgos de falla e incluso detonar de manera imprevista o no detonar tras el impacto (transformándose en municiones sin estallar), lo cual crea peligro para las personas civiles.

Además, los Estados deben revisar las armas nuevas a fin de determinar si su uso estaría prohibido con arreglo al DIH. Esta obligación no depende del modo en que se adquiera un arma. No obstante, cuando los drones se construyen con componentes obtenidos de fuentes comerciales, por fuera de los procesos formales de adquisición, existe el riesgo de que se omita esta etapa de revisión jurídica.

Drones FPV y municiones

Según los informes, existe una variedad de cargas útiles para los drones FPV, que incluyen granadas, minas, dispositivos incendiarios y otros explosivos.

Al emplear drones FPV equipados con municiones se deben observar todas las disposiciones aplicables del DIH, incluidas tanto las normas generales como las prohibiciones y restricciones convencionales específicas sobre las armas.

Por ejemplo, las minas colocadas por drones siguen siendo minas a los efectos de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal y del Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCAC). Asimismo, según el Protocolo III de la CCAC, está prohibido utilizar drones FPV para lanzar armas incendiarias en zonas pobladas.

Más allá de las prohibiciones y restricciones convencionales específicas, las normas generales del DIH sobre la conducción de hostilidades (incluidas las indicadas en la sección anterior) imponen otras limitaciones. Los drones FPV equipados con grandes cargas explosivas pueden producir un área de impacto extensa, es decir, un radio de explosión y fragmentación considerable que se extiende mucho más allá del objetivo previsto, lo que plantea graves preocupaciones sobre efectos indiscriminados incluso cuando se usa el guiado de precisión. Estos riesgos se multiplican en las zonas pobladas, donde la probabilidad de causar daños civiles aumenta considerablemente.

Autonomía emergente

El despliegue intensivo y a gran escala de la guerra electrónica para interferir o interrumpir los enlaces de comunicación ha suscitado creciente interés en el desarrollo de drones con capacidades autónomas. Aunque es sumamente difícil verificar con certeza la medida en que se han utilizado drones FPV en conflictos armados para seleccionar y aplicar fuerza a objetivos de forma autónoma, es indudable que ciertas funciones –como el despegue, el aterrizaje, el seguimiento de objetivos y la navegación– se están automatizando cada vez más y la tendencia general hacia la mayor autonomía operativa resulta evidente.

El CICR ha expresado graves preocupaciones sobre el modo en que los sistemas de armas autónomos –armas que seleccionan y aplican fuerza a los objetivos sin intervención humana– reducen la capacidad del ser humano de controlar los efectos de un ataque. La organización insta a adoptar nueva legislación internacional que prohíba ciertos tipos de sistemas de armas autónomos. y restrinja el desarrollo y uso de otros.

Riesgos al final de una misión

A diferencia de los drones convencionales, los drones FPV construidos para misiones unidireccionales pueden no tener la capacidad de regresar a la base; están concebidos para autodestruirse al impactar y, por lo general, carecen del alcance y de la autonomía de vuelo necesarios para el viaje de regreso. Esto crea desafíos particulares cuando no se ha identificado un objetivo para cuando el dron ha alcanzado el límite de su alcance operativo, cuando ocurren fallas técnicas, o cuando la interferencia del adversario (por ejemplo, mediante operaciones de guerra electrónica) priva al operador de la capacidad de decidir sobre el destino del artefacto.

En algunos casos, según el modelo y la capacidad de la batería del FPV, el dron puede intentar regresar a las coordenadas de salida. Si eso no es posible, puede estrellarse y explotar de manera descontrolada, causando daños no previstos y probablemente impredecibles, o bien puede no detonar al impactar, dejando municiones sin estallar que suponen un peligro constante para las personas civiles incluso una vez finalizadas las hostilidades.

Este último riesgo da lugar a la aplicación del Protocolo V de la CCAC, que impone a las partes la obligación de tomar precauciones durante la planificación y conducción de las operaciones a fin de reducir al mínimo los riesgos que representan los restos explosivos de guerra (REG). Esto incluye, en la máxima medida posible y siempre que sea viable, el registro y la conservación de información sobre las municiones explosivas usadas o abandonadas durante un conflicto (con inclusión de los drones FPV armados) y el intercambio de información sobre la posible presencia de REG una vez finalizadas las hostilidades, para facilitar su limpieza, remoción o destrucción.

Las medidas de precaución también deberían incluir la planificación para una eliminación segura y la incorporación de características de seguridad en los drones FPV, por ejemplo, una función «Return-to-Home» («regreso a casa») fiable, así como mecanismos de autodestrucción o de seguridad en caso de fallas.

Fortalecer el cumplimiento: medidas prácticas

Para garantizar el respeto del DIH en el uso de drones FPV, incluido el cumplimiento con las normas sobre la conducción de hostilidades, se requieren acciones concretas en varios ámbitos. A continuación, se presenta una serie no exhaustiva de recomendaciones preliminares, algunos de cuyos aspectos podrían ya ser exigibles jurídicamente en virtud del principio de precaución o de otras obligaciones del DIH.

Políticas y procedimientos

Debido a la gran variedad de cargas útiles y de métodos de uso de los drones FPV documentados en los conflictos actuales, resulta esencial contar con directrices operativas claras. Las partes deben establecer procedimientos sólidos para la verificación de los objetivos, que reflejen la presunción del estatuto civil en caso de duda, así como para prevenir y evitar o, al menos, reducir el daño incidental a las personas civiles o a otras personas y bienes protegidos. Se debe establecer (o adaptar) una doctrina específica que rija su uso en zonas pobladas y que refleje el requisito de evitar el uso de armas explosivas pesadas en esas zonas, a menos que se adopten medidas de mitigación suficientes para limitar su radio de impacto y el consiguiente riesgo de daños civiles.

En vista de los riesgos que acarrean las misiones de ataque unidireccionales, contar con protocolos para la eliminación segura en caso de que los ataques se aborten o los drones sufran fallas técnicas es fundamental tanto para proteger a la población civil durante las hostilidades como para reducir los riesgos generados por los restos explosivos de guerra. Dichos protocolos también deberían incluir requisitos relativos al registro y conservación de datos sobre el lugar de uso y el tipo de drones FPV que podrían clasificarse como municiones sin estallar.

Capacitación

Para asegurar que los operadores de drones FPV comprendan sus obligaciones jurídicas y las consiguientes restricciones operacionales, el DIH debe integrarse en su capacitación desde el principio y la instrucción debe reforzarse periódicamente en lugar de tratarse como un complemento opcional. Los escenarios de la capacitación deben ser realistas, incorporar cuestiones relativas a la protección de las personas civiles y abordar específicamente los problemas descritos en el presente, en particular los siguientes: la verificación de objetivos en condiciones de baja visibilidad; los límites de la imagen térmica para distinguir a los civiles y otras personas protegidas de los combatientes; la prohibición de lanzar ataques cuando existen «dudas» acerca del estatuto de un posible objetivo, o si no resulta posible prever el daño incidental para las personas o bienes distintos del objetivo; y la obligación de cancelar o suspender un ataque cuando se advierte que el objetivo no es un objetivo militar o que los daños civiles incidentales serían excesivos.

Mando y control

Los drones se despliegan a gran velocidad y escala, lo que ejerce una presión considerable sobre las estructuras de mando y control. Los comandantes deben velar por que los operadores comprendan las normas de enfrentamiento, así como las tácticas, técnicas y procedimientos aplicables. Cuando persiste la duda acerca del estatuto de un objetivo, la decisión sobre la selección del objetivo se debe elevar a un nivel jerárquico superior y, a la vez, se debe ordenar a los operadores que se abstengan de lanzar el ataque. Teniendo en cuenta el efecto de visión de túnel inherente a los drones FPV, los operadores deberían contar con personal de apoyo adicional y con elementos ISR (inteligencia/vigilancia/reconocimiento) o de vigilancia general, a fin de mejorar la percepción situacional más allá del estrecho campo visual del dron.

Revisiones jurídicas

Los Estados deben llevar a cabo una revisión jurídica de las armas nuevas que desarrollen o adquieran, garantizar que sus procesos de revisión jurídica –incluidas las pruebas y la evaluación del rendimiento técnico del arma– puedan aplicarse también a los drones FPV ensamblados en el terreno y adquiridos en el mercado, y abstenerse de autorizar el uso operativo de dichos sistemas, incluidas las nuevas combinaciones de cargas útiles, a menos que se hayan sometido a dicha revisión.

Estados que transfieren drones o sus componentes

Los Estados que suministran drones FPV o sus componentes, incluidas las partes disponibles en el mercado a partir de las cuales se ensamblan muchos de ellos, deben evaluar el riesgo de que ocurran violaciones del DIH y abstenerse de transferirlos e incluso cancelar las autorizaciones existentes cuando esos riesgos son evidentes[8]. Las transferencias condicionales y los mecanismos de supervisión pueden ayudar a prevenir y mitigar los usos indebidos.

Seguimiento y comprensión de los daños civiles

Las fuerzas armadas deberían recopilar y analizar datos –incluso mediante la revisión sistemática de imágenes operacionales– sobre los incidentes de daños civiles relacionados con el uso de drones FPV, sobre todo en zonas pobladas, para evaluar el cumplimiento, documentar los daños civiles y mejorar la comprensión de los efectos causados por estas armas. Asimismo, deberían velar por que esa comprensión y las lecciones aprendidas se incorporen en la capacitación y en todos los niveles de los procesos de adopción de decisiones militares.

De la innovación al uso responsable

Los drones FPV ilustran el modo en que la veloz adaptación de la tecnología civil para usos militares puede dejar atrás con rapidez la doctrina, la capacitación y las medidas prácticas necesarias para garantizar el cumplimiento del DIH y la protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados.

Debido a las actuales limitaciones de los sensores instalados en los drones FPV, sumadas a su estrecho campo visual, puede resultar difícil para los operadores verificar los objetivos y evaluar las circunstancias del entorno. Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan ataques ilícitos que causen daño a personas civiles o a combatientes que se hallan fuera de combate. Esos peligros se agravan debido a la escasa capacitación en DIH que reciben algunos operadores. Con frecuencia, las misiones unidireccionales generan restos explosivos que representan un peligro para las personas civiles incluso mucho después del cese de las hostilidades. Además, la disponibilidad en el mercado de los componentes de los drones FPV crea el riesgo de que los sistemas se desplieguen sin que se haya llevado a cabo la revisión jurídica que el DIH requiere para las armas nuevas. Sin esa revisión, las armas podrían desplegarse en el terreno sin las pruebas necesarias y sin las directrices conexas sobre las condiciones y salvaguardias necesarias para garantizar su uso de conformidad con el DIH.

El DIH ofrece una arquitectura jurídica sólida para regular el uso de drones FPV en los conflictos armados. Los dirigentes políticos y militares deben fijar una expectativa clara con respecto al cumplimiento de estas normas y principios del DIH y velar por que estas disposiciones se reflejen en las políticas operacionales, en una capacitación realista, en una supervisión eficaz por parte del mando y en prácticas de transferencia responsables. Estas medidas son esenciales para reducir los riesgos que los drones FPV plantean para las personas civiles y los combatientes que se hallan fuera de combate.

 

Referencias

[1] V., por ejemplo, D. Axe, “Russian Soldiers Are Surrendering To Ukrainian Drones. This Has Happened Before”, Forbes, 18 de noviembre de 2022.

[2] El uso de drones FPV no armados, por ejemplo, en tareas de vigilancia, como señuelos o con fines logísticos, así como la posibilidad de emplear los datos suministrados por estos dispositivos para mejorar los procesos de rendición de cuentas, son temas que quedan fuera del alcance de esta publicación.

[3] G. Garnier y Pierre Néron-Bancel, «At the Other Side of the Hill»: The Benefits and False Promises of Battlefield Transparency, Focus stratégique, n.°118, Ifri (27 de mayo de 2024).

[4] Art. 57(1), (2)(a)(ii) y (c), y (3) del Protocolo adicional I; normas 15, 17, 20 y 21 del estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario.

[5] Art. 51(5)(a) del Protocolo adicional I; norma 14 del estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario.

[6] Artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra.

[7] Según las circunstancias, podría considerarse que las personas civiles que usan o ensamblan drones FPV participan directamente en las hostilidades y, en consecuencia, pueden ser atacadas; CICR, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, 2009.

[8] Art. 1 común a los Convenios de Ginebra; arts. 6(3) y 7(1)(b)(i) del Tratado sobre el comercio de armas.

 

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