En los últimos años, mientras el foco estaba puesto en hacerle frente al impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud pública, la economía y la sociedad en general, las consecuencias humanitarias del conflicto y la violencia en Colombia no hicieron más que empeorar. Las cifras indican que, en 2021, los efectos del conflicto armado y la violencia fueron más graves que en cualquier otro año del último lustro

En el episodio de esta semana de Humanity in War, la presentadora Elizabeth Rushing conversó con Mariana Chacón Lozano, asesora jurídica del CICR en Bogotá, sobre el contexto humanitario, el DIH y los desafíos en el ámbito de políticas, así como los avances que se han vivido en el país.

Ya han pasado seis años desde que el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —grupo armado al que se solía llamar FARC-EP y que, en la actualidad, se conoce como el partido político Comunes— suscribieron el famoso acuerdo de paz, en el que se contemplaban temas humanitarios como la protección de menores de edad, la búsqueda de personas desaparecidas y el desminado, así como las obligaciones en relación con el derecho internacional humanitario en una situación de posacuerdo.

¿Ha generado este acuerdo de paz un contexto de posconflicto en Colombia? ¿Cuál es la situación de violencia que percibes en el país hoy en día?

Lamentablemente no, no se ha traducido en posconflicto. Si bien el acuerdo de paz logró ponerle fin al conflicto entre el actual partido Comunes y el gobierno, varios grupos armados no estatales seguían activos en el país y no demoraron en tomar el control de los territorios que las FARC-EP estaban desocupando en ese momento.

A la vez, había remanentes de las FARC-EP que nunca se desmovilizaron; en ningún momento se adhirieron al proceso de paz. Es así que, desde 2017, han estado reagrupándose y restructurándose a paso lento pero seguro hasta volver a convertirse en una organización con alcance nacional. Por tanto, mientras observamos que se ha implementado algo así como el 30 % del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno, coexisten situaciones de violencia que ya eran o se han convertido en conflictos armados no internacionales.

En la actualidad, el CICR ha dado la clasificación de conflicto armado no internacional a seis conflictos en Colombia. En tres de ellos, el gobierno de Colombia se enfrenta a grupos armados y, en los tres restantes, grupos armados no estatales combaten a otros grupos armados no estatales.

En el primer tipo de conflicto, se ve al gobierno de Colombia contra las agrupaciones de las antiguas FARC no adheridas al acuerdo de paz, aquellas que mencioné que nunca se desmovilizaron. Además, está el gobierno contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Y el tercero es el Estado contra el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En cuanto a los conflictos entre grupos armados no estatales, el ELN se enfrenta a las AGC en un conflicto armado no internacional (CANI), y las FARC-EP que nunca se desmovilizaron se enfrentan en dos conflictos armados distintos contra otros grupos post-FARC.

En consecuencia, si bien ha mermado la violencia contra el gobierno debido al alto al fuego, no ha sucedido lo mismo con los combates entre los grupos. Y, como lo dijiste en el inicio, esto se ha traducido en que, en los últimos años, las consecuencias humanitarias hayan aumentado de forma lamentable en el país.

Tal como sucede en cualquier otro tipo de contexto de violencia o conflicto, suelen ser civiles quienes quedan atrapados en medio de los enfrentamientos. ¿Podrías contarnos sobre las principales consecuencias humanitarias de los choques entre los actores armados?

Durante los últimos cinco años, por ejemplo, hemos visto que la cifra de personas desplazadas ha crecido en un 360 %: pasaron de 14.000 a 52.000. Las víctimas de dispositivos explosivos se incrementaron en un 800 %. En 2017, hubo 57 víctimas; en 2021, fueron 449. También hemos observado un aumento en los ataques contra la prestación de servicios de salud, con un aumento del 500 %: de 101 incidentes en 2017, se pasó a 553 en 2021.

Antes de 2016, en Colombia, había tal vez tres grupos armados no estatales con una organización militar y jerarquía clara, y un comando central. Pero después de 2016, la realidad ha sido mucho más fluida y se ha vuelto más difícil darle seguimiento a las estructuras, como dices, para efectos de clasificación. Así que, una vez más, todo acuerdo de paz y toda situación que aminore las consecuencias humanitarias para la población es bienvenida por el CICR, sin embargo, es de suma importancia mantener la objetividad sobre la clasificación y la visión técnica de estos eventos en el terreno.

Empecemos a hablar un poco sobre el trabajo que se está realizando, tanto de iniciativa nacional como con asistencia humanitaria internacional, para contrarrestar los efectos de esta violencia.

El año pasado, la ONU congratuló a Colombia por sus logros sin precedentes en materia de justicia transicional, y una buena parte del trabajo de toda delegación del CICR es la difusión del derecho internacional humanitario. ¿Podrías explicar de qué manera el departamento jurídico del CICR está encarando tanto las consecuencias humanitarias que acabas de describir como los avances que se han realizado en Colombia en este respecto?

Sí, con mucho gusto. Y con respecto a tu comentario, creo que es importante mencionar que el departamento jurídico local trabaja en colaboración estrecha con el personal en el terreno, para asegurarse de que comprendemos claramente la dinámica del conflicto y las consecuencias humanitarias para poder encontrar una solución, una respuesta sistémica para ellas y prevenir que ocurran en el futuro.

Por ejemplo, durante los últimos tres años, el departamento jurídico ha estado trabajando en un proyecto con la oficina del Ombuds, en el que diagnosticamos cuáles son los obstáculos jurídicos a los que se enfrentan los migrantes afectados por los CANI, ya que son una población especialmente vulnerable dentro de la población afectada por estos conflictos; trabajamos con la oficina en la redacción de directrices y normas que logren abordar más eficientemente las necesidades de esta población.

Estos migrantes suelen ser migrantes irregulares, en situación de irregularidad, quienes no acuden a las autoridades para hacer denuncias o no cuentan con suficiente información y sienten temor de ser señalados por no contar con documentos. Así que estamos trabajando con las autoridades para intentar encontrar una solución para estos problemas aplicando nuestra experiencia en el terreno.

Otra cosa que hemos estado haciendo es trabajar con el Ministerio de Salud para asegurarnos de que el respeto a la misión médica, el respeto a la prestación de servicios de salud, del personal de salud, se aplique satisfactoriamente y que no se interpongan acciones judiciales por brindar servicios médicos a los grupos armados no estatales o las fuerzas armadas.

También estamos colaborando en la actualización del manual de la misión médica, como se denomina en Colombia, de manera que el marco jurídico esté más claro. Además, trabajamos en una directiva para mejorar la prestación de servicios de salud a las víctimas de la contaminación por artefactos explosivos, ya que, según las leyes de Colombia, los miembros de los grupos armados no estatales no son considerados víctimas. Por lo tanto, no pueden acceder a determinados servicios provistos por el Estado. Sin embargo, con esta directiva, lo que logramos es —y creo que es un logro importante— separar el concepto técnico de “víctima” en Colombia de la prestación de servicios de salud inmediatos a estos miembros, en caso de que sufran las consecuencias de, por ejemplo, una mina.

Me gustaría mencionar que, en lo que respecta a las personas desaparecidas, que es una de las consecuencias que se ha agravado en los últimos dos años, estamos trabajando con la unidad especial para buscar a personas dadas por desaparecidas; esta unidad fue creada en el marco del acuerdo de paz para intentar dar contenido al ángulo humanitario con el que realizan las búsquedas y asegurarnos de que el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia funciona como tal, como sistema, ya que existen muchas instituciones en el país que promueven la tarea de búsqueda, pero no necesariamente trabajan de forma coordinada.

Por último, ya que hiciste mención a la justicia transicional, también trabajamos con una jurisdicción especial para la paz. Se trata de una jurisdicción que se creó con el acuerdo de paz para enjuiciar, si es el caso, a miembros de las FARC-EP y a los miembros de las fuerzas armadas del Estado en el marco del conflicto. Entre otras cosas, deben decidir a quién le darán amnistía y quién ha cometido crímenes de guerra y, por ende, no puede recibir amnistía. En el tema de crímenes de guerra, hay una gran área gris, y tienen la tarea de dar la mayor amnistía posible de acuerdo con el Protocolo adicional II. Así que estamos trabajando con ellos también para afinar algunos conceptos del DIH, como la toma de rehenes.

Profundicemos un poco más en este punto.  Como guardianes designados del derecho internacional humanitario, una pregunta que nos hacen frecuentemente en el CICR es qué ocurre cuando se viola el derecho internacional humanitario. ¿Puedes decirnos, con un poder judicial tan fuerte, cómo se aplica el DIH en Colombia?

Bueno, esa es una pregunta interesante y compleja. Si nos enfocamos en los mecanismos de justicia transicional, como la jurisdicción especial para la paz, creo que Colombia es una experiencia única, en el sentido de que el responsable de este tribunal dispone de diferentes fuentes de derecho internacional y de derecho nacional que puede aplicar de forma directa. No puedo predecir cuál va a ser el resultado de estos procesos porque realmente no se ha terminado ninguno, están en el proceso de análisis y de reconocimiento, y de tener una audiencia con las víctimas.

Así que es un proceso muy interesante que tiene un lado jurídico, un lado político, pero también un lado muy humanitario, porque están promoviendo el reconocimiento de los autores, la participación de las víctimas y el concepto de autosanciones, que son sanciones restaurativas que permitirían a los autores no necesariamente cumplir una condena en prisión, sino llevar a cabo actos que representen una reparación y una devolución para las comunidades a las que afectaron.

Para mí, ese es un tema fascinante en Colombia que coexiste con la justicia “ordinaria”. Colombia tiene un capítulo en el que se han implementado las violaciones graves del DIH en el código penal, y se llevan a cabo enjuiciamientos. Pero, al mismo tiempo, creo que la atención sigue estando en estos mecanismos de justicia transicional.

El DIH, irónicamente, es muy conocido en Colombia por su gran uso público y lo mucho que se menciona en los medios de comunicación. Nunca he estado en un contexto en el que el DIH sea tan conocido: está en la punta de la lengua, siempre está ahí. Lamentablemente, no siempre se entiende bien desde el punto de vista técnico y profundo. Así que parte de nuestro trabajo en el departamento jurídico consiste en divulgarlo de forma técnica y detallada para que no se instrumentalice ni se malinterprete en un contexto como el colombiano, en el que el paradigma del DIH y el de los derechos humanos coexisten todo el tiempo.

Una última pregunta sería sobre las recientes elecciones. En agosto, Colombia inició un nuevo capítulo político con un cambio de gobierno, en este marco de una iniciativa de “paz total”, ¿cómo está adaptando la comunidad humanitaria los planes que ha delineado para esta nueva administración?

Ha sido un proceso muy interesante y complejo. La iniciativa de paz total es una tarea gigante que el gobierno se ha impuesto. Una vez más, el CICR acoge cualquier iniciativa que pueda significar una disminución de las consecuencias humanitarias para la población.

El gobierno ya se está sentando con el ELN, uno de los grupos no estatales que mencioné, y debido a la necesidad de avanzar y tener una visión clara de las consecuencias humanitarias, pero al mismo tiempo llevar la paz a casa —de manera que la población sienta que la paz ya convive con ellos—, tenemos la sensación de que las decisiones políticas que se están tomando en el marco de las negociaciones incluyen temas humanitarios, pero no necesariamente manteniendo siempre los límites entre ellos. Entendemos que el gobierno necesita todas las herramientas necesarias para trabajar para alcanzar la paz, pero a la vez, todavía hay consecuencias humanitarias en curso en diferentes partes del país, algunas más que otras.

La comunidad humanitaria reconoce el reto al que se enfrenta el gobierno y seguirá llevando a cabo su acción humanitaria de acuerdo con sus normas humanitarias, con acceso humanitario a las comunidades y, sí, promoviendo un entorno que podría contribuir indirectamente con las conversaciones de paz, pero no siendo necesariamente los ejecutores de la paz.

Creo que esto se aplica tanto si hay negociaciones de paz como si no. En este sentido, el derecho internacional humanitario es una herramienta muy poderosa y útil para recordar a las partes que, aunque haya negociaciones en curso, existe un conjunto mínimo de obligaciones que deben cumplir y que, incluso, pueden aplicarse para seguir protegiendo a las personas una vez finalizado un conflicto armado, en una situación de posconflicto. Estas consecuencias humanitarias, por supuesto, tendrán que ser objeto de seguimiento incluso después de que cobre vida cualquier acuerdo y pueden informar también a las partes sobre qué obligaciones deben tener en cuenta a la hora de ponerse de acuerdo sobre estos temas.

Así que el mensaje es que el espacio humanitario seguirá trabajando y tiene que seguir trabajando según sus normas y acceso. Sí, hay cosas que están interconectadas e interrelacionadas —el mundo humanitario puede ayudar a crear un entorno propicio para las negociaciones—, pero no debe tomarse como un factor o influencia directa sobre esto.

Voy a dar un ejemplo para terminar.  Cuando el CICR participó en las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, fuimos facilitadores y mediadores en lo logístico, pero también brindamos asesoría jurídica y humanitaria en cuestiones como la protección de los niños, la contaminación por armas y las personas desaparecidas. También podemos hacerlo ahora, siguiendo nuestro cometido y nuestros principios.

Ver también:

• Eirini Giorgou, Preventing and eradicating the deadly legacy of explosive remnants of war, 23 de febrero, 2023
• Nils Melzer & Elizabeth Rushing, Humanitarian neutrality in contemporary armed conflict: a conversation with Nils Melzer, 26 de enero, 2023
• Charles Deutscher & Chandni Dhingra, Present and engaged: how the ICRC responds to armed conflict and violence in cities, 19 de enero, 2023